El pasado martes, el
número dos del Ministerio de Educación, el secretario de Estado Marcial Marín, presentó el estudio de la OCDE Estrategias de Competencias de la OCDE, un proyecto en el que se
comprometió España, el año pasado, a través del anterior equipo ministerial
(José Ignacio Wert y Montserrat Gomendio); el objetivo es adaptar las
habilidades que se enseñan en la escuela a los retos del SXXI.
Casualmente ese
equipo ministerial, un año después, trabaja en París para la OCDE, Wert como
embajador de España ante el organismo, y Gomendio directamente en la
organización.
En ese estudio, se
dice que España tiene un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, uno de los
índices más altos de la OCDE, solo superado por México, Grecia e Italia.
A la
pregunta de cuál era la “hoja de ruta” para superar esta situación, el secretario
de Estado respondió que para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y el
desarrollo personal y profesional hay que "orientar los estudios hacia las necesidades de las empresas desde
Primaria".
Con esta receta y
elaborar un mapa laboral sobre las salidas que tienen los grados universitarios
el Gobierno, pretende mejorar el problema del desempleo o la precariedad laboral
de los jóvenes.
Esta es la intención
de nuestro Gobierno y este es el debate. ¿Debe
estar supeditada la educación de los ciudadanos a las necesidades de las
empresas?
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