Andrea, es una
niña de 12 años que nació con una enfermedad rara y degenerativa. Desde
septiembre de 2014, su salud empeorado gravemente, deteriorándose su estado
hasta extremos muy dolorosos, en estos momentos está ingresada en el Hospital
Clínico de Santiago de Compostela, en una situación difícil, pues todo parece
indicar que ha llegado al final de su camino en la vida, una situación muy
personal porque no se puede ceder a otro este trance; es decir, cada uno debe morir por sí mismo, por
así decirlo.
No
sabemos qué pensamientos anidan en la cabeza de Andrea, pero sí conocemos la
determinación de sus padres, que la han cuidado y seguido en su lucha hasta
aquí, de no seguir prolongando su agonía, por ello exigen al equipo médico del
Hospital que acabe con su sufrimiento, para así tener la oportunidad de
despedirse de su hija, quieren que Andrea pueda tener una muerta digna. Sin
embargo la dirección del centro sanitario sólo se compromete a “limitar el esfuerzo
terapéutico” pero no está dispuesto a interrumpir la alimentación artificial
que la mantiene aún con vida (a pesar de contar con un informe favorable aunque
no vinculante de Departamento de Pediatría). Consultada la consejera gallega de
Sanidad sobre la decisión de los facultativos, manifestó que había que dejar a los profesionales que fuesen ellos
los que tomen las decisiones.
El pasado
mes de julio, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una ley de derechos para enfermos terminales sin
eutanasia, en su artículo 3 se establece que “la limitación de la terapia”
supone retirar, o no iniciar, tratamientos inútiles para el paciente si solo
consiguen prolongarle la vida biológica, pero sin posibilidad de proporcionarle
una recuperación funcional con una calidad de vida digna. Esta ley
establece el derecho de que toda persona que padezca una enfermedad incurable y
se encuentre en estado terminal, puede rechazar todo procedimiento que
prolongue innecesariamente su sufrimiento, así, el personal médico tiene el
deber de combatir el dolor y el sufrimiento administrándole los cuidados
necesarios al paciente, aunque ello le acelere la muerte. En el caso de Andrea,
son sus padres quienes deben tomar una decisión al respecto, dada su condición
de menor de edad. Pero entonces, ¿dónde
está la controversia?
Independientemente
cual sea el resultado, debemos tener en cuenta que la cuestión de la muerte nos concierne absolutamente a
todos, por lo que es conveniente estar informado sobre lo que dice la ley y
cuáles son nuestros derechos como ciudadanos ya que aspiramos a vivir y morir
con dignidad; así que deberíamos preguntarnos: “Cuando yo esté muriendo ¿recibiré un trato humano?”
La
historia de Andrea nos incita a reflexionar, con conocimiento de causa,
no sólo sobre la muerte que queremos para nosotros mismos sino, sobre todo, lo que
deseamos para los seres más próximos y queridos cuyo final, quizás, también, dependerá de
nosotros.
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